La Fiscalía de Perú solicitó el martes ante un juzgado supremo el impedimento de salida del país para la suspendida fiscal general, Patricia Benavides, investigada por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias.

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El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, argumentando el peligro procesal debido a la posible pertenencia de la investigada a una organización criminal, respaldado por «numerosos elementos de convicción», según informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Este pedido de la Fiscalía se produce después de que un equipo de fiscales anticorrupción detuviera a siete personas y allanara 21 inmuebles en Lima en el marco de la investigación sobre la presunta red corrupta en la Fiscalía que llevó a la suspensión de Benavides.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por la fiscal superior Marita Barreto, con la colaboración de 23 fiscales y más de 100 policías.

Las detenciones y allanamientos se realizaron en relación con delitos como organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros, y se enmarcan en las investigaciones dirigidas por el fiscal Christian Niño Torres contra varias personas vinculadas a Benavides.

La propia fiscal suspendida calificó la operación como una «burda maniobra» destinada a forzar su destitución, alegando que se trata de una acción injusta orquestada por fiscales y policías.

En noviembre pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario contra Benavides por la investigación del Eficcop sobre la presunta red de tráfico de influencias en la Fiscalía, lo que llevó a su suspensión del cargo durante seis meses.

Benavides ha denunciado que es víctima de una arbitrariedad motivada por intereses políticos, que según ella, podría resultar en su destitución definitiva por parte de la JNJ.

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